Publicado el 17/05/2025 por Administrador
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En un paso más hacia el endurecimiento del autoritarismo, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impulsado una reforma constitucional que borra de un plumazo la nacionalidad nicaragüense a todo ciudadano que decida obtener otra ciudadanía. La modificación, aprobada sin fisuras por una Asamblea Nacional alineada completamente al oficialismo, representa una herramienta más de castigo y control político frente a una sociedad cada vez más fragmentada y exiliada.
La reforma fue presentada y votada en Niquinohomo, el pueblo natal de Augusto C. Sandino, héroe nacional y símbolo del sandinismo histórico, ahora instrumentalizado como ícono propagandístico del régimen. Con la nueva redacción de los artículos 23 y 25 de la Constitución, se establece que cualquier persona que adopte una segunda nacionalidad perderá automáticamente la nicaragüense. La única excepción es para los ciudadanos de países centroamericanos, que podrán conservar ambas.
“El que abandona su patria por otra bandera, renuncia también a su lugar en la historia”, sentenció Rosario Murillo en tono místico, al justificar la reforma. Para el oficialismo, la nacionalidad es un acto de fidelidad política, no un derecho garantizado por nacimiento. En la práctica, esto apunta directamente contra los miles de nicaragüenses exiliados por motivos políticos que, tras la persecución y el exilio forzado, han encontrado en otras tierras la estabilidad que su país les niega.
Organismos de derechos humanos y analistas jurídicos advierten que esta medida es parte de un patrón más amplio de represión estatal. La reforma se suma a la desnacionalización masiva de 317 opositores en 2023, muchos de los cuales fueron declarados “traidores a la patria” y despojados de su ciudadanía sin derecho a defensa. Ahora, con esta nueva disposición, la pérdida de nacionalidad se convierte en norma legal, no en excepción arbitraria.
Además de su gravedad simbólica, la reforma amenaza directamente a más de 800.000 nicaragüenses que han migrado desde 2018, la mayoría huyendo de la crisis sociopolítica, la represión y la falta de oportunidades. Muchos han solicitado asilo o iniciado procesos de naturalización en países como Costa Rica, Estados Unidos, España y México. La reforma podría, en teoría, quitarles su vínculo legal con Nicaragua sin necesidad de un juicio o proceso administrativo.
Expertos constitucionalistas han criticado la medida por contravenir tratados internacionales sobre nacionalidad, y por vulnerar principios de no apatridia y derechos fundamentales consagrados incluso en la misma Carta Magna. Además, subrayan que aplicar este tipo de sanciones sin proceso previo ni garantía de defensa, coloca al Estado nicaragüense en el margen de la legalidad internacional.
Aunque la reforma requiere una segunda aprobación en la próxima legislatura para entrar formalmente en vigor, diversas voces alertan que el régimen podría comenzar a aplicarla antes, como ha hecho con otras disposiciones polémicas.
La eliminación de la doble nacionalidad no solo es una estrategia para silenciar disidentes desde el exterior, sino también una advertencia a quienes aún residen dentro del país: el vínculo con la nación ya no es un derecho, sino una prerrogativa que se concede —y se quita— según la obediencia política.
