Publicado el 28/06/2025 por Administrador
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Estados Unidos ha aprobado un financiamiento de 30 millones de dólares para la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), una organización de reciente creación encargada de distribuir alimentos en la Franja de Gaza bajo un esquema que ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales, ONGs y activistas humanitarios.
La GHF, respaldada por la administración de Donald Trump, comenzó a operar en mayo y ha sido presentada como una alternativa “más segura y efectiva” al sistema tradicional gestionado por la ONU. Sin embargo, su modelo centralizado —basado en cuatro centros de distribución fuertemente vigilados en el sur de Gaza— ha sido calificado por expertos como peligroso, excluyente y contrario a los principios básicos de la ayuda humanitaria.
De los 30 millones aprobados por el Departamento de Estado, ya se han desembolsado 7 millones, lo que indica una intención de mantener este mecanismo como pilar estructural de la ayuda estadounidense en la región. La decisión fue anunciada por el secretario adjunto Tommy Pigott, quien justificó el respaldo como parte del “nuevo compromiso humanitario de Washington”, y aseguró que se busca evitar que grupos armados como Hamás se apropien de los suministros.
Pero la reacción global no se hizo esperar. El secretario general de la ONU, António Guterres, denunció públicamente que el modelo de la GHF está “costando vidas” y constituye un “método intrínsecamente inseguro” para distribuir ayuda. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras y Oxfam han señalado que los puntos de reparto se han convertido en zonas de alta letalidad, donde ya han muerto más de 400 personas por estampidas, ataques o falta de control humanitario.
Aún más contundente fue la declaración del jefe de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, quien calificó el sistema como una “abominación” y un retroceso ético sin precedentes. Según él, obligar a miles de civiles a desplazarse hacia un puñado de centros distribuidos exclusivamente en el sur de Gaza vulnera el principio de neutralidad y podría considerarse una forma de desplazamiento forzado.
A diferencia del enfoque descentralizado de la ONU, que opera cientos de puntos de ayuda repartidos por todo el territorio gazatí, la GHF concentra su labor en zonas bajo vigilancia militar israelí, lo que ha levantado sospechas sobre la verdadera motivación política de esta estrategia. Voces críticas señalan que este modelo podría estar siendo utilizado para moldear la demografía del conflicto y fortalecer la presencia israelí en ciertas zonas.
Además, varios senadores estadounidenses, entre ellos Elizabeth Warren, han solicitado explicaciones al Departamento de Estado por la falta de transparencia en el manejo de fondos, la participación de empresas de seguridad privadas sin experiencia humanitaria y los posibles vínculos entre la fundación y figuras cercanas al entorno de Trump.
El panorama se vuelve aún más turbio si se considera que esta fundación surge en un momento en que Estados Unidos ha reducido significativamente su cooperación con organismos multilaterales, tras la desactivación de USAID como principal vehículo de asistencia internacional.
La comunidad internacional se enfrenta ahora al dilema de apoyar un canal de ayuda que, aunque necesario para una población devastada por la guerra, podría estar cimentando una política exterior basada en intereses geoestratégicos y no en principios humanitarios.
